ASIET expresa su preocupación ante los cambios propuestos en la Ley de Medios y enfatiza la necesidad de impulsar la convergencia y la sostenibilidad del sector audiovisual en beneficio de los usuarios.

El mercado de TV de paga enfrenta una acelerada transformación ante los cambios tecnológicos y en los hábitos de los usuarios. La modificación del articulado de la ley no solo no aborda la realidad actual de esta industria, sino que introduce una serie de reformas que perjudican la seguridad jurídica, agravan la rigidez operativa y deterioran el clima de inversión.

Uruguay requiere adaptar su legislación a la convergencia digital, eliminando trabas obsoletas para permitir la pluralidad de oferta y la competencia en los servicios audiovisuales y de internet, en beneficio directo de los usuarios.

La Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET) remitió una nota a la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda del Poder Legislativo de Uruguay, expresando su preocupación ante las modificaciones propuestas a la Ley de Medios (N.º 20.383) en el marco del Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas. La industria advierte que las reformas introducen rigideces que amenazan el clima de inversión y la sostenibilidad del sector audiovisual, además de que el proyecto no aborda las transformaciones estructurales en el ecosistema digital y en los hábitos de los usuarios. 

El sector de la TV para abonados atraviesa una transformación tecnológica global sin precedentes. Impulsada por la expansión de la conectividad, la irrupción de plataformas globales de contenido bajo demanda (OTT y streaming) ha generado cambios drásticos en los hábitos de consumo. En Uruguay, según datos de URSEC, la base de suscriptores cayó un 45,6% entre junio de 2019 y diciembre de 2025 (pasando de 688 mil a 374 mil abonados). Pese a este complejo escenario, y a la asimetría competitiva frente a plataformas digitales que no están sujetas a cargas impositivas ni regulatorias locales equivalentes, el proyecto normativo omite las transformaciones estructurales del ecosistema e introduce reformas que agravan la rigidez operativa, perjudican el clima de inversión, e incrementan la incertidumbre regulatoria sobre los operadores de TV. 

ASIET destaca que los cambios propuestos pueden generar:

Inseguridad jurídica y régimen sancionatorio punitivo: Desaparece la gradualidad de las sanciones para establecer la caducidad automática de licencias. Además, la extensión de los plazos de pronunciamiento y prescripción genera un escenario de desprotección legal para las empresas. 

Sobrecostos y rigidez operativa: Se elimina la flexibilidad en las cuotas de producción nacional en vivo, imponiendo cargas financieras adicionales para operadores de TV paga e impidiendo sinergias necesarias para competir con el streaming. 

Freno a la inversión internacional y trabas al capital: Se restringe la participación de socios y directivos al exigir ciudadanía uruguaya en lugar de residencia legal, y se imponen trabas burocráticas complejas a la acreditación de fondos y participaciones minoritarias. 

Parálisis institucional: Se eliminan los mecanismos de excepción para transferencias societarias y se duplican los plazos de autorización administrativa, bloqueando fusiones y reorganizaciones indispensables para la supervivencia de las empresas. 

ASIET insta a avanzar hacia la convergencia para dinamizar la oferta y mejorar la asequibilidad

Frente al retroceso normativo, ASIET insiste en la importancia de la aplicación eficaz del marco normativo para permitir una adecuada competencia en el sector telecomunicaciones y audiovisual. Uruguay requiere con urgencia una modernización regulatoria enfocada en la convergencia tecnológica y la pluralidad de oferta. La experiencia demuestra que la apertura de mercados en igualdad de condiciones fomenta la innovación, mejora la calidad de los servicios y permite precios más asequibles para los usuarios. 

Para alcanzar esta meta, la Asociación insta a reconsiderar las modificaciones propuestas y a abrir un diálogo amplio con el objetivo de desarrollar un marco normativo moderno, sin restricciones obsoletas a la oferta de servicios, que promueva la inversión, la innovación y la pluralidad oferta para los usuarios.

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